El periodista, Roberto Zorrilla, describe los reclamos constantes de vecinos de las 206 Viviendas del Barrio Laguna Seca, en #CorrientesCapital. Accedió y publicó videos que muestran la modalidad “piraña” utilizada por los malvivientes de la zona. Después de aquella alerta, poco o nada habría cambiado.
Las quejas siguen siendo recurrentes. La mayoría de los habitantes coinciden en la necesidad de contar con mayor presencia policial las 24 horas. A esa expresión coincidente quiso ponerle voz durante la madrugada del sábado un comerciante ubicado en zona de calle Resoagli al 2.800.
Él también es víctima de la inseguridad. En menos de 24 horas, habrían atacado su emprendimiento en dos oportunidades. Tras advertir lo sucedido, llegó una patrulla que habría exhibido escasa empatía con la situación atravesaba por el contribuyente (VIDEO)
Ese laburante, es la misma persona que entrega parte de su sacrificio laboral para financiar las estructuras del Estado, entre otras, la fuerza de seguridad.
«Es increíble, me robaron otra vez. Primero a las 4.45 de la madrugada del viernes y, otra vez. cerca de las 1 de la madrugada de hoy sábado. Ni bien terminé de cerrar mi local llamé a la policía y cuando llegaron -sin muchas ganas- al reclamar más presencia, el policía que manejaba se bajó más enojado y me quiso llevar preso a mí. El barrio es super inseguro, roban de día y de noche y estamos a dos cuadras de la comisaría», reclamó Andrés en diálogo con el comunicador.
Desde el inicio, estaríamos en presencia de una falta de empatía y de extrema sensibilidad rayana con una escasa preparación profesional para atender el reclamo de una persona a la que debe su función y el cargo que ostenta.
La representación popular no solo es ejercida por quienes son electos en comicios. También por los que acceden a cualquier puesto laboral en la función pública. Debería ser la primera lección recibida y aprendida (con 10 – felicitado) para ingresar a cualquier área de una administración estatal.
Además, la sociedad espera que la reacción del agente no sea parte de una estrategia superior que intente detener la exteriorización de los hechos de inseguridad: un mandato interno o político. Si esta última es la opción acertada estaríamos en presencia de efectivos policiales sometidos a la tensión ejercida por el reclamo social y al intento de minimizarlos por parte de las autoridades.
De ser así, habría dos víctimas de una manipulación que intentaría instalar una versión posiblemente tergiversada de la realidad. Cabe recordar que muchos afectados eligen no denunciar los hechos sufridos.
Primero fue por la falta de resultados para esclarecer lo sucedido. Después, por los extensos trámites policiales y judiciales que concluyen sin la recuperación del bien robado.
Más tarde, llegó el sometimiento a larguísimas horas de espera en sedes institucionales para realizar una denuncia. Y durante ese tiempo, se escuchaban insinuaciones a viva voz para intentar que el denunciante desista de su acción.
La víctima colmada de paciencia que lograba sortear los obstáculos del trámite inicial, terminaba sometida a un agotador y burocrático proceso de citaciones, testimonios y pedidos de pruebas que tampoco concluían en el esclarecimiento del delito.
Ahora, pareciera haberse incorporado una nueva estrategia. Amedrentar a la víctima con el calabozo para que la próxima dude en llamar al SIS 911.
La sociedad espera que sea un hecho aislado y se articulen medidas internas para corregir aquella acción carente de escucha y paciencia con una persona sometida al estrés de la violencia delictiva.
La población también espera efectividad y contención de sus autoridades. No quiere terminar revictimizada por una acción disciplinadora y/o represiva que busque abortar su reclamo.
Solo así se volverían confiables las últimas estadísticas vinculadas a la inseguridad pronunciadas durante la semana pasada por el ministro de Seguridad. “El 94 o 95% de los casos se resuelven en Corrientes”, afirmó Adán Gaya.
El interrogante del título solo obtendrá respuesta a través del tiempo y de las acciones ejercidas por los encargados de garantizar la seguridad de los habitantes de la provincia.
