El Gobierno nacional oficializó la baja de radares de velocidad en distintas rutas nacionales del país tras detectar irregularidades técnicas y administrativas durante auditorías realizadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).
En Corrientes, la medida afecta a dos dispositivos móviles instalados sobre la Ruta Nacional 14, en jurisdicción de Santo Tomé. La decisión fue formalizada mediante las Disposiciones 7/2026 y 8/2026 publicadas en el Boletín Oficial, junto con otras normativas que avanzan sobre la revisión integral del sistema de fiscalización vial en Argentina.
En el caso correntino, la Disposición 8/2026 dejó sin efecto dos radares móviles ubicados entre los kilómetros 684 y 687 de la Ruta Nacional 14. Según se informó, los propios responsables municipales de Santo Tomé habían solicitado meses atrás el retiro de esos dispositivos debido a inconvenientes técnicos y operativos.
La medida forma parte de un proceso nacional de depuración del sistema de cinemómetros, impulsado luego de que distintas inspecciones detectaran fallas graves en numerosos equipos instalados en rutas nacionales.
Entre las principales irregularidades encontradas figuran radares que ya no estaban físicamente en los lugares declarados, equipos con certificados de calibración vencidos y dispositivos sin documentación técnica actualizada o sin habilitaciones correspondientes.
El caso más significativo se registró en Chaco, donde aproximadamente 30 de los 61 radares fijos homologados fueron dados de baja por incumplir las condiciones mínimas de funcionamiento. Allí, las auditorías revelaron que muchos equipos ya no coincidían con las ubicaciones declaradas oficialmente.
También hubo bajas en otros puntos del país. En Buenos Aires, se anularon radares instalados sobre las rutas nacionales 3, 8 y 226, mientras que en Río Negro quedaron fuera de servicio cuatro dispositivos móviles ubicados sobre la Ruta Nacional 40, en Dina Huapi.
Desde la ANSV explicaron que el objetivo es transparentar los controles viales y evitar lo que habitualmente se conoce como «trampas de velocidad», es decir, sistemas de fiscalización instalados fuera de norma o en condiciones dudosas que terminaban generando cuestionamientos sobre la validez de las multas.
Diario Norte (Corrientes)