El sitio Contenidos Libres informa detalles de una resolución judicial emitida el 8 de abril pasado por la jueza a cargo del Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia de Paso de los Libres; Marta Rut Legarreta.
La magistrada dictó una medida cautelar urgente para salvaguardar la integridad de una profesional de la salud del Hospital San José. Fue en respuesta a una denuncia que expone un presunto entramado de hostigamiento, ejercicio ilegal de la medicina y encubrimiento dentro del nosocomio de esa ciudad fronteriza.
La Justicia libreña resolvió hacer lugar a la solicitud de protección interpuesta por la doctora Romina Isabela Giron de Souza, médica residente del área de cirugía.
Ordenó el cese inmediato de cualquier acto de perturbación, intimidación u hostigamiento por parte del vicedirector del Hospital San José, Ezequiel Mondelo, la residente Paula Rodrigues y la ex funcionaria Liz Jara.
Según se desprende del expediente LXP 35187/26, al que accedió el sitio de Libres, el conflicto escaló cuando Giron de Souza comenzó a señalar supuestas irregularidades que comprometerían la transparencia institucional.
Entre los puntos más críticos que constan en la demanda, se destaca la denuncia por un presunto ejercicio ilegal de la medicina por parte de Liz Jara.
Denuncia que esta última siendo estudiante habría realizado procedimientos médicos sin habilitación, incurriendo en una supuesta usurpación de títulos y falsificación de instrumentos públicos.
Al escenario anterior se agregaría una investigación fiscal en curso por el fallecimiento de un paciente de apellido Paiva. El hecho, según la denunciante, habría contado con el encubrimiento del vicedirector Mondelo.
Tras estas advertencias sobre el funcionamiento interno, Girón de Souza habría comenzado a sufrir una persecución sistemática que incluyó la exclusión de guardias y cirugías programadas, sumado a un clima de agresión verbal constante.
La resolución judicial se hace eco del maltrato psicológico padecido, mencionando incluso la viralización de chats donde los denunciados utilizaban términos denigrantes y peyorativos con el claro objetivo de perjudicar su carrera y estabilidad emocional.
La magistrada fundamentó su decisión en la Ley de Protección Integral de las Mujeres, entendiendo que existe una relación desigual de poder que afecta la dignidad de la profesional.
Además del cese de hostigamiento bajo apercibimiento de medidas más gravosas, se ha ordenado la intervención del Cuerpo de Psicología Forense para evaluar el riesgo psicofísico de la presunta víctima.
