Monseñor Adolfo Ramón Canecín, hizo pública su adhesión al pronunciamiento de la Iglesia católica argentina contra el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que impulsa el Gobierno nacional y actualmente se encuentra en tratamiento legislativo.
A través de un mensaje dirigido a la feligresía diocesana, el prelado correntino respaldó el documento elaborado por Cáritas Argentina, el Área de Ecología Integral de la Comisión Episcopal de Pastoral Social (Cepas) y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), entidades que manifestaron una fuerte preocupación por los alcances de la iniciativa oficial.
El texto, titulado «La tierra: madre, hermana y bien común», sostiene que la propuesta «atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes y el derecho de los pueblos a autodeterminarse». En ese marco, Canecín hizo suyo el planteo y llamó a reflexionar sobre el destino de los recursos naturales y el papel del Estado en la protección del interés colectivo.
La principal objeción de la Iglesia apunta a la eliminación de las restricciones vigentes para la compra de tierras por parte de extranjeros, tanto personas físicas como empresas. Según el documento, resulta especialmente preocupante que puedan adquirirse sin límites terrenos vinculados con reservas de agua y otros bienes naturales estratégicos.
«La tierra no es una mercancía ni un simple recurso económico», sostienen las organizaciones eclesiales, retomando las enseñanzas del papa Francisco en la encíclica Laudato si». Allí se presenta a la tierra como «nuestra hermana y nuestra madre», fuente de sustento y hogar común para toda la humanidad.
El pronunciamiento también cita la reciente encíclica Magnifica humanitas, del papa León XIV, para recordar el principio del destino universal de los bienes. «El suelo, el agua, el aire y los recursos naturales han sido dados por Dios a toda la familia humana para sostener la vida de todos, hoy y en las futuras generaciones», expresa el texto.
Otro de los puntos cuestionados es la posibilidad de habilitar el uso inmediato de tierras afectadas por incendios, una práctica que hasta ahora se encontraba limitada por la legislación vigente. Para la Iglesia, esta modificación podría favorecer intereses económicos en detrimento del cuidado ambiental y de las comunidades que habitan esos territorios.
Asimismo, las entidades advierten que el proyecto debilita la capacidad del Estado para ordenar el territorio, planificar obras públicas y resguardar el interés comunitario frente a intereses privados, tanto nacionales como extranjeros.
La postura eclesial también incorpora el problema del acceso a la vivienda. En ese sentido, reclama un «marco jurídico razonable» que permita equilibrar los derechos de propietarios e inquilinos y favorezca a las familias que no poseen vivienda propia.
Al adherir a este documento, Canecín se suma al reclamo de la Iglesia argentina para que el debate parlamentario no se limite a la defensa irrestricta de la propiedad privada, sino que contemple también la función social de la tierra, la protección de los bienes comunes y el bienestar de las generaciones futuras.
Finalmente, Cáritas, Cepas y Endepa exhortaron a los legisladores nacionales a orientar sus decisiones «por el bien común y el futuro de las generaciones venideras, más que por intereses particulares», una postura que ahora cuenta con el respaldo explícito del obispo correntino.
Diario Norte (Corrientes)