Clorinda salió a la calle. Y esta vez el reclamo tuvo un nombre: Ian. Pero también una consigna que excede largamente su caso: justicia y protección efectiva para todos los niños de Formosa.
Vecinos y familiares se movilizaron para expresar su indignación por la situación atravesada por el menor de 11 años y reclamar responsabilidades institucionales ante las graves denuncias que desde hace semanas rodean su paso por organismos provinciales de minoridad.
Los manifestantes exigieron además la destitución de la jueza Nadia Caballero y de la asesora de menores Chavela Vera , a quienes cuestionan severamente por sus intervenciones en el caso.
La movilización trasladó así a las calles una controversia que hasta ahora venía desarrollándose fundamentalmente en juzgados, organismos públicos, medios de comunicación y redes sociales.
«JUSTICIA POR IAN»
El caso provocó una creciente conmoción después de que la madre del niño y sus abogadas hicieran públicas gravísimas denuncias sobre presuntos maltratos sufridos mientras Ian permanecía dentro del sistema provincial de protección.
A partir de allí se sucedieron episodios que multiplicaron los interrogantes: internaciones, denuncias por presunta sobremedicación, dificultades para mantener el vínculo con su madre, fugas de una residencia y fuertes cuestionamientos a las decisiones adoptadas respecto de su alojamiento.
Las acusaciones deberán ser esclarecidas en las instancias correspondientes y con todas las garantías legales.
Pero para quienes marcharon en Clorinda existe algo que ya no admite dilaciones: cada denuncia relacionada con la integridad de un niño bajo responsabilidad estatal debe ser investigada hasta las últimas consecuencias.
EL RECLAMO QUE SALIÓ DE LOS EXPEDIENTES Y LLEGÓ A LA CALLE
La manifestación marca un punto político e institucional importante.
El caso Ian dejó de ser solamente la batalla de una madre intentando recuperar el vínculo con su hijo o el reclamo de las abogadas que la acompañan.
Ahora existe también una expresión ciudadana que exige explicaciones.
Los participantes apuntaron contra lo que consideran inacción de organismos estatales y funcionarios judiciales frente a las denuncias realizadas y cuestionaron que las respuestas institucionales no hayan estado a la altura de la gravedad de las acusaciones.
También reclamaron que se investigue si existieron episodios de violencia institucional dentro de los hogares y cuáles fueron los controles realizados por las áreas responsables.
Porque cuando un niño está bajo tutela estatal, la responsabilidad del Estado no disminuye.
Aumenta.
CABALLERO Y VERA, EN EL CENTRO DE LOS CUESTIONAMIENTOS
Durante la protesta, uno de los reclamos más contundentes fue dirigido contra la jueza Nadia Caballero y la asesora de menores Chavela Vera.
Los manifestantes pidieron directamente su destitución , cuestionando la manera en que se habría actuado frente a las denuncias y, especialmente, el tratamiento dado a la palabra del menor.
Gabriela Neme viene denunciando que Ian no habría sido escuchado adecuadamente antes de adoptarse decisiones trascendentales sobre su futuro.
Entre ellas, la determinación sobre dónde debía permanecer y posteriormente la entrega de su guarda a su abuela materna, decisión que también fue cuestionada públicamente por la abogada.
Es precisamente esa cuestión la que atraviesa buena parte del reclamo:
¿quién escucha al niño cuando el propio niño intenta explicar qué le está ocurriendo?
EL CASO IAN ABRIÓ UNA PREGUNTA MUCHO MÁS GRANDE
La movilización también puso sobre la mesa una discusión que excede nombres propios.
¿Cómo funciona realmente el sistema de protección de niños y adolescentes de Formosa?
¿Quién controla las residencias?
¿Qué ocurre cuando un menor denuncia malos tratos?
¿Con qué rapidez se investigan esas acusaciones?
¿Qué mecanismos existen para impedir represalias?
¿Quién controla a quienes tienen bajo su responsabilidad a niños separados temporalmente de sus familias?
¿Y qué lugar ocupa la palabra del propio menor en las decisiones que determinarán su vida?
Esas preguntas no pueden responderse con consignas partidarias ni comunicados burocráticos.
Necesitan investigaciones, documentación, controles independientes y respuestas institucionales.
PROTEGER LA INFANCIA NO PUEDE SER SOLAMENTE UN ESLOGAN
Los hogares de menores existen para proteger a niños que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.
Por eso, cualquier denuncia de violencia dentro de esas mismas instituciones representa una contradicción extremadamente grave.
El Estado que separa a un niño de determinado entorno argumentando que debe protegerlo asume una responsabilidad directa sobre su integridad física y emocional .
Y cuando ese niño denuncia que dentro del lugar destinado a protegerlo está sufriendo, la obligación estatal no puede consistir simplemente en devolverlo, trasladarlo o administrar el expediente.
Debe escucharlo.
Debe investigar.
Debe protegerlo.
Y, si existieron responsabilidades, debe sancionarlas.
DE LA DENUNCIA DE UNA MADRE A UN RECLAMO SOCIAL
Elena comenzó reclamando por su hijo.
Después llegaron las denuncias públicas de las abogadas Gabriela Neme y Ailín Narváez.
El caso ganó repercusión.
Y ahora una parte de la sociedad clorindense decidió llevar ese reclamo directamente a la calle.
Ese cambio no es menor.
Porque cuando ciudadanos sienten la necesidad de movilizarse para exigir que las instituciones creadas para proteger a los niños efectivamente los protejan, el problema deja de ser exclusivamente familiar o judicial y se convierte también en un problema institucional.
«LOS NIÑOS NO SON EXPEDIENTES»
La movilización dejó una consigna que resume el corazón del reclamo:
los niños no son expedientes.
Detrás de cada resolución hay una vida.
Detrás de cada medida de protección existe un chico que siente miedo, dolor, angustia, afecto y necesidad de pertenencia.
Ian tiene apenas 11 años.
Su caso deberá esclarecerse con pruebas, investigaciones y decisiones ajustadas a derecho, preservando siempre su intimidad y dignidad.
Pero las preguntas que generó ya llegaron a las calles de Clorinda.
Y quienes se movilizaron dejaron un mensaje contundente para todo el sistema provincial:
NO QUIEREN MÁS SILENCIO. QUIEREN RESPUESTAS.
NO QUIEREN QUE LOS NIÑOS SEAN SIMPLEMENTE TRASLADADOS DE UN LUGAR A OTRO. QUIEREN QUE SEAN ESCUCHADOS.
Y fundamentalmente exigen algo que nunca debería convertirse en motivo de una marcha:
QUE EL ESTADO PROTEJA DE VERDAD A LOS NIÑOS QUE TIENE LA OBLIGACIÓN DE CUIDAR.
Prensa Libre (Formosa)