La justicia federal de Corrientes atraviesa una de las instancias más críticas y cargadas de tensión desde el inicio del debate oral por la desaparición de Loan Danilo Peña, ocurrida hace exactamente dos años en el paraje Algarrobal de la localidad de 9 de Julio.
Tras el inicio formal del proceso, las miradas se concentran ahora en la reanudación de las audiencias programada para mañana miércoles 24 de junio, fecha en la que el Tribunal Oral Federal busca avanzar en la recepción de testimonios clave, entre los cuales se destacan las presentaciones de los padres del niño, si es que no prosperan planteos de nulidad tal como se había vaticinado tras la suspensión de la última audiencia privista para la semana pasada.
El caso, que mantiene vigente la Alerta Sofía y una herida abierta en la sociedad argentina, enfrenta un complejo entramado de acusaciones que involucran desde la sustracción y el ocultamiento de un menor hasta una red paralela de maniobras destinadas a desviar la investigación oficial.
En el centro de esta tormenta judicial, José Peña, padre de Loan, se prepara para cumplir con una de las instancias más difíciles de su vida: prestar declaración testimonial frente al tribunal y quedar, por primera vez en mucho tiempo, frente a frente con una de las figuras más señaladas en la causa, su propia hermana, Laudelina Peña.
Según ha trascendido a través de su representante legal, la abogada María Belén Russo Cornara, el vínculo familiar entre ambos se encuentra completamente roto. La letrada fue contundente al asegurar que, a ojos de José Peña, Laudelina ya no forma parte de la familia, debido al papel central que la mujer habría desempeñado tanto en la ejecución del hecho como en el posterior entorpecimiento de la búsqueda.
Se espera que el testimonio de José, junto con el de María Luisa Noguera, madre del menor, constituya un pilar fundamental para el proceso. La representación legal de la familia ha dejado claro que, lejos de ser un relato libre y sencillo, ambos responderán a un exhaustivo interrogatorio que comenzará por las preguntas de la querella, continuará con las de la fiscalía y finalizará con el cuestionamiento de las diversas defensas.
Existe una profunda preocupación por el costo emocional que este procedimiento implica, ya que se prevé una instancia de revictimización durante los interrogatorios, una situación que los padres han debido afrontar con la estoicidad de quienes llevan dos años viviendo con una ausencia constante y la esperanza, cada vez más agónica, de hallar respuestas sobre el destino de su hijo. La expectativa de los padres es que el rigor del juicio logre fracturar el pacto de silencio que, según sostienen, impera entre varios de los imputados.
El tribunal, presidido por los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco, junto al juez sustituto Enrique Jorge Bosch, tiene ante sí la enorme tarea de desentrañar un proceso donde el delito es considerado permanente mientras no se conozca el paradero de la víctima.
Las audiencias, que se desarrollan en la sede del Escuadrón 48 de Gendarmería en Corrientes, continuarán bajo un esquema estricto, con el objetivo de escuchar a más de 170 testigos a lo largo de las próximas semanas.
Para este martes, la jornada se centrará en los pasos procesales pendientes antes de que, el miércoles, el juicio reciba nuevamente la carga testimonial y probatoria en un ambiente de expectativa social creciente, donde la verdad, a dos años de la desaparición, sigue siendo la única meta de los padres de Loan en medio de un escenario judicial que ya ha marcado, en su primera semana, una profunda decepción por las dilaciones y las estrategias defensivas de los acusados.
La justicia, mientras tanto, sigue observando este caso con el peso de la trascendencia institucional y la urgencia de cerrar un capítulo de impunidad que ha conmocionado a toda la provincia de Corrientes y al país entero.
El Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal general Carlos Schaefer y la fiscal general subrogante Tamara Pourcel, ha sostenido desde el inicio una pieza acusatoria robusta que divide a los 17 imputados en dos grupos claramente diferenciados por sus responsabilidades.
El núcleo principal de la acusación, encuadrado en el artículo 146 del Código Penal bajo la figura de sustracción y ocultamiento de un menor de diez años, apunta a un grupo que actuó con una coordinación siniestra. Bernardino Antonio Benítez, Laudelina Peña, María Victoria Caillava, el exmarino Carlos Guido Pérez, Daniel Oscar Ramírez y Mónica del Carmen Millapi han sido señalados como coautores materiales.
A este grupo se suma el ex comisario Walter Adrián Maciel, cuya responsabilidad ha sido calificada como la de un partícipe necesario, debido a que, según la tesis fiscal, utilizó su jerarquía y su posición en la Comisaría de 9 de Julio para montar una farsa de búsqueda, desviando la atención y entorpeciendo cualquier posibilidad de un hallazgo temprano del niño.
Según la reconstrucción del caso que los fiscales han llevado al estrado, el fatídico 13 de junio de 2024, entre las 13.52 y las 15.26, el grupo aprovechó una sobremesa en la casa de la abuela de Loan, Catalina Peña, para alejar al niño de la esfera de protección de su padre, llevándolo bajo la excusa de buscar naranjas hacia un monte alejado.
La fiscalía ha enfatizado que Laudelina Peña tuvo un papel clave en la logística, convenciendo a otros niños presentes de retornar a la vivienda para dejar a Loan en manos de los adultos imputados, quienes presuntamente utilizaron la camioneta Ford Ranger de Caillava y Pérez para consumar el ocultamiento, dado que en dicho vehículo se detectaron rastros odoríficos que vincularían al niño con el transporte de los acusados.
En paralelo, un segundo grupo de diez personas, compuesto por Esteban Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabet Noemí Cutaia, Alan Juan José Cañete, Delfina Taborda, Pablo Javier Noguera, Pablo Gabriel Núñez, Valeria Liliana López, Verónica Paola Machuca Yuni y Leonardo Daniel Rubio, enfrenta cargos por haber participado en un complejo entramado de maniobras para frustrar, alterar o entorpecer la investigación.
Entre los delitos que se les imputan figuran encubrimiento, falso testimonio, defraudación a la administración pública y usurpación de títulos, bajo la fachada de pertenecer a una organización denominada Fundación Dupuy. Según la acusación, este grupo habría operado de manera organizada, con roles distribuidos para manipular pruebas y testigos, incluyendo la supuesta plantación de un botín que fue hallado en una zona alejada como parte de una estrategia para desviar la investigación hacia la hipótesis de un accidente de tránsito.
Diario Norte (Corrientes)