A partir del 1 de septiembre comenzará en Corrientes una nueva etapa para el abordaje judicial de los adolescentes involucrados en hechos delictivos. La implementación de la Ley provincial 6.736, junto con los cambios previstos a nivel nacional, implicará una transformación en la forma en que la Justicia interviene frente a los delitos cometidos por menores de edad.
El Superior Tribunal de Justicia aprobó un régimen transitorio que permitirá comenzar a aplicar la nueva normativa mientras se avanza en la creación de estructuras y cargos específicos previstos por la legislación. El objetivo es garantizar una respuesta especializada y adecuada a las características particulares de los adolescentes.
El juez de Familia, Niñez y Adolescencia Edgardo Frutos explicó que el nuevo esquema plantea un cambio en el modelo de intervención, al vincular el sistema de protección integral de niños y adolescentes con una respuesta específica frente al delito.
«Va a ser un cambio en cuanto a cómo se va a abordar a los adolescentes que estén involucrados en un delito penal», señaló el magistrado, quien destacó que durante esta primera etapa serán los jueces de Familia, Niñez y Adolescencia quienes asumirán estas intervenciones debido a su formación específica.
Uno de los cambios centrales estará relacionado con la edad de responsabilidad penal. Según explicó Frutos, el nuevo régimen nacional contempla la intervención penal desde los 14 años, ampliando el universo de adolescentes que pueden quedar alcanzados por un proceso judicial.
Sin embargo, el juez remarcó que la incorporación de adolescentes al sistema penal no significa aplicarles el mismo tratamiento que a una persona adulta. La normativa establece una lógica diferenciada, basada en la edad, el desarrollo y las posibilidades de reinserción y responsabilización del joven.
En los casos de delitos graves, como un homicidio, la nueva legislación nacional establece un límite máximo de 15 años de condena para una persona menor de edad. Frutos explicó que esta diferencia responde a que se trata de personas que todavía se encuentran en proceso de formación y cuyo desarrollo neurológico y psicológico no es equivalente al de un adulto.
La finalidad del sistema sostuvo, no debe limitarse a la aplicación de una sanción. También debe buscar que el adolescente comprenda la gravedad de sus actos, asuma responsabilidad y pueda evitar la reincidencia.
En ese sentido, el abordaje deberá contemplar factores que exceden estrictamente la cuestión penal. La situación familiar, la educación, la salud mental, los consumos problemáticos y el contexto social forman parte de las variables que deberán ser consideradas por los operadores judiciales.
Frutos destacó que la intervención requiere además la participación de otros sectores de la sociedad. Escuelas, clubes, organizaciones barriales y organismos de protección deberán formar parte de una estrategia integral destinada a acompañar a los adolescentes y prevenir nuevas situaciones de violencia o delito.
El magistrado también puso el foco en las estadísticas para dimensionar el fenómeno. Según los datos mencionados durante la entrevista, los delitos graves cometidos por adolescentes representan una proporción reducida dentro del universo delictivo. En Corrientes, además, señaló que desde 2023 no se registraban causas de homicidio en las que estuviera involucrado un adolescente hasta el caso actualmente bajo investigación.
Entre las situaciones que aparecen con mayor frecuencia se encuentran los delitos contra la propiedad y las lesiones. Frutos vinculó parte de estas conductas con contextos sociales atravesados por mayores niveles de violencia, conflictos escolares, bullying y otras problemáticas que afectan a los adolescentes.
La implementación será inicialmente transitoria porque la Ley 6.736 contempla la creación de estructuras específicas que todavía no cuentan con presupuesto para funcionar plenamente. El esquema definitivo prevé dos jueces penales juveniles en Corrientes capital y un magistrado especializado en cada cabecera de circunscripción del interior.
También se contempla la creación de una oficina de justicia restaurativa especializada, orientada a generar mecanismos que permitan trabajar no solo sobre la sanción, sino también sobre la responsabilización y la reparación.
Mientras estas estructuras se ponen en marcha, el Superior Tribunal de Justicia dispuso que los jueces de Familia, Niñez y Adolescencia comiencen a asumir las nuevas competencias. Frutos reconoció que el proceso implicará una etapa de adaptación y capacitación para todos los operadores judiciales.
«En todo proceso de transformación normativa y de toda transformación procesal se acarrea una crisis», explicó, al referirse a la necesidad de reestructurar procedimientos y fortalecer la preparación de quienes deberán aplicar el nuevo sistema.
La Ley provincial 6.736 contempla la creación de dos jueces penales juveniles para Corrientes capital y un juez especializado en cada cabecera de circunscripción del interior. También prevé una oficina específica de justicia restaurativa.
Diario Norte (Corrientes)