El sitio Contenidos Libres informa que después de una serie de dilaciones en el proceso, el Juez de Garantías de #PasodelosLibres resolvió revocar la libertad de Iván Yardín.
La medida dictada por Gabriel Aldaz confirma los planteos técnicos realizados por el abogado querellante Sebastián Pardo. El profesional había denunciado el entorpecimiento de la causa y el riesgo procesal.
La resolución del magistrado libreño marca un punto de inflexión en la causa que investiga estafas reiteradas mediante falsas inversiones. La decisión de dictar la prisión preventiva se linea con la batería de pruebas presentada originalmente por la querella.
Pardo había denunciado que el imputado no solo eludía su responsabilidad penal, sino que activamente entorpecía la investigación ocultando activos y manteniendo contacto con el exterior mediante dispositivos móviles.
El avance del proceso judicial dejó al descubierto las contradicciones de la defensa. Mientras Yardín pretendía justificar el incumplimiento de los pagos alegando el secuestro de un teléfono celular en una causa paralela, la querella demostró técnicamente que las maniobras de estafa comenzaron mucho antes de dicha intervención judicial.
A este complejo escenario se suma el agravamiento de la situación de Yardín. Se sumaron nuevas denuncias de amenazas contra los damnificados Carlos Hernán Fernández y Facundo Matías Fadon.
Estas acciones, denunciadas oportunamente ante la UFRAC de Paso de los Libres, fueron determinantes para que la Justicia considerara que la libertad del imputado representaba un riesgo real para la integridad de las víctimas y la transparencia del peritaje de los chats y evidencias digitales.
Con la firma del Juez Aldaz, se dejó sin efecto la caución real que permitía la libertad de Yardín, ordenando su traslado inmediato a la alcaidía local. La Fiscalía, a cargo de la Dra. Daniela Di Tomaso, continúa procesando las evidencias para la recalificación de la causa a «Estafas reiteradas en concurso real», ante la aparición de múltiples hechos con el mismo modus operandi.
Este fallo judicial no solo ratifica la detención solicitada por el abogado de damnificados, sino que pone fin a un periodo de incertidumbre procesal.