El diputado provincial por La Libertad Avanza (LLA), presentó un proyecto de Ley para que la provincia adhiera a la nueva reglamentación establecida por el gobierno de Javier Milei. La normativa establece un sistema de detección y bloqueo de teléfonos celulares y otros dispositivos de comunicación móvil en los centros de detención dependientes del gobierno provincial.
La iniciativa busca adherir a la Resolución N° 336/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional y aplicar en el Servicio Penitenciario provincial el protocolo nacional para el bloqueo de las identificaciones IMEI e IMSI.
Según los fundamentos, el objetivo es impedir que personas privadas de su libertad utilicen teléfonos no autorizados para coordinar delitos desde el interior de los establecimientos penitenciarios.
El legislador correntino sostiene que estos dispositivos pueden ser utilizados para realizar extorsiones, intimidaciones, estafas y otras maniobras vinculadas con organizaciones delictivas.
La iniciativa propone que el Ministerio de Seguridad de Corrientes sea la autoridad de aplicación. deberá coordinar la instalación, monitoreo y mantenimiento de equipos de detección en las zonas restringidas. También podrá requerir a las empresas de telecomunicaciones el bloqueo de los IMEI e IMSI detectados de manera irregular.
Uno de los puntos centrales del proyecto es que el sistema deberá contar con tecnología georreferenciada de precisión para evitar afectar las comunicaciones del personal penitenciario, judicial y sanitario en sectores autorizados, así como el servicio de los vecinos que viven en las inmediaciones de los establecimientos.
El proyecto también plantea endurecer las medidas disciplinarias dentro del Servicio Penitenciario. Los agentes o funcionarios que faciliten, ingresen, encubran o toleren la tenencia de celulares por parte de internos podrían recibir sanciones de cesantía o exoneración.
A su vez, todo dispositivo secuestrado dentro de las zonas restringidas deberá ser remitido inmediatamente a la autoridad judicial para su análisis forense y posterior archivo o destrucción, de acuerdo con la normativa vigente.
El proyecto autoriza finalmente al Poder Ejecutivo provincial a firmar convenios con el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ente Nacional de Comunicaciones y las empresas de telecomunicaciones para implementar el sistema, además de realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias.
