La problemática del acceso a la vivienda en la provincia de Corrientes expone una grieta profunda entre los anuncios oficiales y la realidad territorial. Mientras los registros provinciales contabilizan a más de 90.000 familias inscriptas a la espera de un techo propio, la paralización de las obras públicas y la falta de programas habitacionales continuados por parte del Instituto de Vivienda de Corrientes (Invico) profundizan el malestar social en la capital provincial.
Un caso testigo de esta parálisis estatal se focaliza en el barrio Doctor Montaña. Allí, un grupo de 150 beneficiarios adjudicados en 2019 -tras un convenio entre la Municipalidad de Corrientes y la Asociación de Obreros y Empleados Municipales (Aoem), al que se sumaron 50 adjudicaciones en 2021- continúa sin poder habitar sus casas. A más de cinco años del sorteo original, la construcción permanece detenida.
El traspaso de la obra desde la órbita municipal al Invico en 2023 lejos estuvo de agilizar los plazos. Según denunciaron los propios adjudicatarios, la transición generó mayores trabas burocráticas por la falta de unificación en los requisitos de ambos organismos, obligando a reempadronamientos que dilataron aún más la entrega. A esto se suma una respuesta institucional esquiva ante los reclamos de información sobre el estado real de los inmuebles.
La falta de concreción de los proyectos prometidos por el Ejecutivo provincial contrasta con el historial de la gestión. La parálisis atraviesa de manera transversal tanto a la administración provincial -tras los ocho años de mandato finalizados en 2025 por el exgobernador Gustavo Valdés- como a la órbita municipal, hoy conducida por Claudio Polich, quien se desempeñó precisamente como ministro de Obras y Servicios Públicos provincial durante el período previo.
En la actualidad, el gobernador Juan Pablo Valdés encabeza anuncios de inversión en el interior provincial, como la construcción de 50 viviendas y obras de infraestructura en Paso de los Libres, mientras los proyectos neurálgicos de la Capital continúan sin fecha de finalización.
El panorama en el barrio Doctor Montaña evidencia además un severo problema de gestión del suelo urbano. En el lugar coexisten 600 lotes dotados de servicios básicos de luz, agua y cloacas que permanecen completamente abandonados, convertidos hoy en un foco de contaminación por la formación de un megabasural. En forma lindante, otras 250 estructuras habitacionales llevan más de una década en estado de abandono.
Esta inactividad oficial contrasta con la vulnerabilidad social de la zona capitalina, signada por familias endeudadas para cubrir costos de alquiler y episodios de desalojo en asentamientos informales.
A la parálisis en las construcciones se suma la inacción en la administración del suelo público. Desde el Foro de Organizaciones Vecinales de Corrientes volvieron a cuestionar la falta de aplicación de la Ordenanza N.º 5.998, sancionada por el Concejo Deliberante en octubre de 2013, que creó el Banco Municipal de Tierras.
A casi 13 años de su aprobación —y pese a que en 2018 el propio cuerpo deliberativo aprobó una resolución exigiendo su implementación al Departamento Ejecutivo Municipal—, la norma sigue sin traducirse en lotes sociales para las familias demandantes.
Desde el Foro vecinal advirtieron sobre una disparidad de criterios en la asignación de recursos públicos. Mientras el acceso al suelo para vivienda social permanece trabado por demoras administrativas, predios de gran extensión ubicados en Santa Catalina fueron cedidos con celeridad a instituciones deportivas y privadas -entre ellas la Liga Correntina de Fútbol, que recibió un terreno de seis hectáreas, y clubes como Deportivo Mandiyú, Cambá Cuá o Abogados FC-.
Si bien las organizaciones reconocen el rol comunitario del deporte, cuestionan la celeridad del Estado para resolver las demandas de las entidades frente al postergado derecho a la vivienda de miles de correntinos.
90.000
Es la cifra estimada de la cantidad de familias que esperan por un techo propio en Corrientes.
Diario Norte (Corrientes)