La crisis del transporte público en la ciudad de Corrientes sumó un capítulo de alta tensión en las últimas horas. Tras trascender fuertes rumores sobre recortes de personal, se confirmó que la empresa ERSA comenzó a instrumentar el despido de choferes, encendiendo las alarmas entre los trabajadores del sector.
Según los primeros datos vinculados al conflicto, al menos dos choferes ya habrían sido notificados formalmente mediante cartas de despido. Sin embargo, fuentes cercanas al sector anticipan que la cifra inicial podría escalar rápidamente hasta alcanzar, en una primera etapa, a unos diez trabajadores desvinculados. En este contexto, NORTE de Corrientes intentó dialogar con referentes gremiales, pero la comunicación fue infructuosa.
Desde el entorno de la patronal justificaron la drástica medida amparándose en una realidad financiera compleja. Según argumentan los empresarios, el sistema de transporte público de pasajeros en la capital correntina viene registrando una sostenida baja en la demanda de usuarios.
Ante la merma en la recaudación por la menor cantidad de boletos vendidos y el desfasaje de costos, la empresa habría optado por «ajustar» su planta de choferes para equilibrar las cuentas.
El clima de descontento e incertidumbre va en aumento entre el personal de la empresa de transporte ERSA, mientras se aguarda una respuesta gremial ante lo que consideran un escenario inminente de conflicto sindical.
El panorama para los próximos días es de total hermetismo, pero no se descartan asambleas o medidas de
El sistema de transporte público del interior del país atraviesa una situación crítica que podría derivar en recortes o cancelaciones de servicios desde el inicio de esta semana, si no se alcanza una solución en las próximas horas. Así lo advirtió la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap), que alertó sobre un escenario límite para las empresas del sector.
Según la entidad, el problema responde a una combinación de factores que viene deteriorando la sustentabilidad del sistema: aumento sostenido de los costos operativos, subas en el precio del combustible, tarifas que no logran cubrir los gastos y una prolongada falta de inversión en la renovación de las unidades. A esto se suma un elemento clave: los atrasos en la transferencia de fondos y compensaciones tanto por parte del Estado nacional como de las provincias.
De acuerdo a lo que pudo conocer la Agencia Noticias Argentinas, desde Fatap señalaron que muchas empresas ya no pueden absorber los costos necesarios para mantener el ritmo habitual de operación, lo que abre la puerta a restricciones en los servicios en distintas ciudades del país. «Hemos llegado a una situación límite», advirtieron, al tiempo que reclamaron una respuesta urgente de las autoridades.
El diagnóstico del sector coincide con advertencias previas sobre la fragilidad del transporte en las provincias. En los últimos meses, empresas del interior ya habían reducido frecuencias, suspendido servicios nocturnos e incluso evaluado paralizaciones ante la falta de financiamiento.
Uno de los principales reclamos apunta a la deuda por programas de compensación, especialmente aquellos vinculados a los llamados «Atributos sociales» de la tarjeta Sube, que incluyen descuentos para jubilados y beneficiarios de planes sociales. Según las empresas, estos beneficios son financiados parcialmente con recursos propios ante la demora en los pagos estatales.
A esta situación se suma la desigual distribución de subsidios entre el interior y el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), un punto que el sector considera estructural. Mientras en la región metropolitana las tarifas continúan fuertemente subsidiadas, en el resto del país el costo real del boleto debería ser significativamente más alto para cubrir los gastos operativos.
La crisis no solo afecta la operación, sino también el empleo. Según estimaciones de Fatap, entre 2024 y 2026 se perdieron entre 9.000 y 11.000 puestos de trabajo en el sector del transporte automotor de pasajeros en el interior, en un contexto de reducción de actividad y falta de inversión.
El escenario se complejiza con el conflicto abierto entre las empresas y la Unión Tranviarios Automotor (UTA). El gremio mantiene reclamos por mejoras salariales y por el pago en tiempo y forma del aguinaldo, mientras que varias compañías admiten dificultades para cumplir con esas obligaciones.
En algunos casos las empresas evalúan abonar el medio aguinaldo en cuotas o de manera desdoblada, lo que podría aumentar la tensión laboral y derivar en medidas de fuerza en el corto plazo.
Diario Norte (Corrientes)