Después de un litigio judicial que llevó casi dos años, pobladores afectados en jurisdicción del municipio correntino de Lavalle recibieron la decisión favorable de la justicia provincial con asiento en Santa Lucía.
Todo comenzó el 3 de octubre de 2024 cuando Pablo César Blanco y Carmen Arias, por decisión propia, cerraron una calle pública perjudicando a quienes viven en la zona conocida como Paraje La Bolsa.
Desde ese momento, comenzó el reclamo de los afectados. Al no tener respuesta administrativa, iniciaron una demanda ante la justicia provincial. Mientras el caso se resolvía, padecieron numerosos inconvenientes.
Entre otros, se quedaban largos periodos de tiempo sin servicio eléctrico ya que el transformador que abastece al paraje había quedado del otro lado de un portón colocado por los demandados. Por esa situación, la DPEC no podía responder en tiempo y forma a los usuarios afectados con la reposición del servicio.
Durante una noche calurosa de febrero de este año, abuelos, familias y trabajadores pasaron toda una noche sin descansar debido al cerramiento ilegal de la calle pública. En ese momento, la indignación creció y sirvió para recordarle al juez que tenía una cuestión pendiente en su despacho.
Se trataba de un expediente que contaba con pruebas y certificaciones demostrando los argumentos de la demanda. Mientras la respuesta seguía sin llegar, los afectados afirmaban que no se trataba de «un capricho sino de una situación injusta, peligrosa y agotadora para todos los vecinos».
Finalmente, este jueves 21 de mayo llegó la buena noticia. «Después de dos años de lucha, la Justicia dejó en claro que ningún funcionario público está por encima de la ley ni puede apropiarse de lo que le pertenece al pueblo», comenzó expresando el demandante tras ser notificado de la decisión del magistrado.
El juez Daniel Alejandro Azcona había dispuesto en marzo que los demandados «procedan a la inmediata apertura del cerramiento mediante un portón con candado entre las chacras 10 y 11». La resolución no se cumplió ya que inmediatamente los demandados presentaron un recurso de revocatoria que, en las últimas horas, fue rechazado por el magistrado.
Tras esta última decisión el demandante de apellido Saettone expresó: «se ganó un juicio histórico por el cierre ilegal de una calle pública, utilizada durante años por vecinos y vecinas, y que fue cerrada por decisión de un funcionario creyéndose dueño de lo que es de todos. Muchos pensaron que reclamar era inútil, pero la verdad terminó saliendo a la luz».
En un posteo a través de sus redes sociales agregó que «esta lucha nunca fue solamente por una calle, fue por el respeto a los vecinos, por la transparencia y por demostrar que nadie puede usar el poder para beneficios propios».
«Mientras algunos se creen intocables y usan cargos públicos para intereses personales, este fallo demuestra que no hay que quedarse callado. Que, aunque el camino sea largo, luchar por lo justo vale la pena. Las calles son del pueblo, los recursos son del pueblo y ningún político debería olvidar que está para representar a la sociedad, no para creerse dueño de ella», Concluyó uno de los afectados.
Pablo César Blanco es un dirigente político y ruralista que, en la actualidad y de acuerdo al sitio WEB de la municipalidad de Santa Lucía, se desempeña como director de Relaciones Institucionales de esa comuna integrante de la Micro-Región del Río Sant Lucía.
