El sitio Contenidos Libres accedió a detalles de la situación interna que atravezaría la fuerza de provincial. A la creciente ola de reclamos por la falta de pago de servicios adicionales de verano, se le suman las recientes declaraciones del Ministro de Seguridad, Adán Gaya, generando un clima de incertidumbre y malestar entre los efectivos.
Mientras una gran cantidad de agentes denuncia deudas que alcanzan los $900.000 por persona —correspondientes a la Fiesta Nacional del Chamamé y los Carnavales de toda la provincia—, el titular de la cartera de Seguridad brindó un reportaje que no cayó bien en las filas policiales.
En sus declaraciones, el funcionario hizo hincapié en la necesidad de avanzar con una «purga» de efectivos que no cumplen correctamente con sus funciones o que desempeñan mal su labor.
Sin embargo, desde el sector de los trabajadores de la fuerza, esta postura es vista como una táctica de distracción o una respuesta desmedida frente a un reclamo legítimo por ingresos no percibidos durante enero y febrero.
El malestar se profundizó este último fin de semana, cuando los policías que garantizaron la seguridad en los eventos masivos de la capital y localidades del interior, como Santo Tomé, confirmaron que siguen sin cobrar
Los agentes cuestionan que, mientras se les exige eficiencia bajo amenaza de «purga», el Estado provincial no cumple con el pago de las tareas ya realizadas y finalizadas hace meses.
La combinación del ajuste administrativo propuesto por el Ministerio y la demora en los pagos de servicios extraordinarios plantea un escenario complejo para la gestión de seguridad en el corto plazo.
Los efectivos esperan una respuesta concreta sobre la fecha de cobro, mientras el debate sobre la reestructuración de la fuerza sigue sumando capítulos de ida y vuelta.
Mientras tanto, la sociedad no cesa en su reclamo de seguridad por hechos delictivos que se suceden en toda la provincia.
