El sitio de la ciudad fronteriza, Contenidos Libres, informa detalles de la audiencia realizada en el Tribunal Oral Penal libreño. Allí, se juzga a cuatro efectivos de la fuerza de seguridad de la provincia.
Los hechos están vinculados al caso de los hermanos Alves Rubín que habrían sido víctimas de abuso funcional y privación ilegítima de la libertad durante un incidente ocurrido el 2 de febrero de 2020.
Ese día, Orlando y Ramón habrían sido perseguidos y luego detenidos ilegalmente. Los policías habrían irrumpido en su vivienda sin orden judicial y, tras agredir a Ramón Alberto Alves Rubín, lo habrían golpeado y trasladado a la Comisaría Primera.
Este jueves, el medio libreño plantea que la justicia se encuentra en deuda con las presuntas víctimas, en medio de un preocupante silencio y llamadas que empañan su normal desenvolvimiento.
Lo más llamativo de la jornada fue la actitud de la fiscalía. Ante la declaración de dos de los imputados, quienes manifestaron su disposición a responder interrogatorios, el Ministerio Público Fiscal optó por un silencio absoluto.
Esta inactividad es alarmante ante una causa donde se investigan abusos de poder y procedimientos irregulares, que la acusación pública decida no confrontar a los acusados cuando estos rompen el silencio es una omisión que, en la práctica, termina favoreciendo a la defensa.
La inconsistencia en los testimonios alcanzó su punto máximo al contrastar el estado físico de las víctimas. Mientras que declaraciones bajo juramento sostuvieron que los Alves Rubín ya presentaban lesiones visibles y golpes al momento de su aprehensión, los imputados negaron de plano cualquier daño físico en ese momento.
¿Cómo es posible que, ante una contradicción tan elemental y grave, no se haya buscado una precisión técnica o un careo que despeje las dudas? Alguien no está diciendo la verdad y la justicia parece mirar para otro lado.
Contenidos Libres agrega que el hecho más escandaloso que salió a la luz fue la admisión, por parte de las máximas autoridades del tribunal, de haber recibido comunicaciones directas desde la cúpula de la seguridad regional.
Resulta inadmisible en un Estado de Derecho que altas autoridades policiales se comuniquen de manera informal con la presidencia del juzgado para «justificar» o solicitar excepciones para efectivos que están siendo juzgados por delitos contra ciudadanos.
El juicio llega a su etapa final en un clima de incertidumbre. Entre silencios fiscales estratégicos y comunicaciones jerárquicas fuera de lugar, la pregunta que queda flotando en la sociedad es si realmente se busca justicia o si simplemente se está cumpliendo con una formalidad donde todo ya parece estar escrito.
